Por unos servicios sociales de calidad

Durante la última campaña electoral, unos y otros han insistido en que la sanidad, la educación y los servicios sociales van a ser derechos ciudadanos a los que no se meterá la tijera. Hoy, y para empezar, me quiero detener en el último, los servicios sociales, esos grandes desconocidos, de los cuales oímos hablar en muchas ocasiones y muchas veces no sabemos que son y para qué sirven.

La situación actual de crisis económica, social y ambiental esta conllevando un incremento del número de personas y colectivos en riesgo de exclusión, y esto no solamente no permite recorte alguno de servicios públicos, sino que, muy al contrario, exigen una mayor dotación de recursos que prevengan contra los evidentes riesgos de una mayor desigualdad social.

Los derechos adquiridos por la ciudadanía y reconocidos en las leyes internacionales, estatales y autonómicas no pueden verse frenados, ni mucho menos involucionar por intereses económicos o imposiciones de los mercados.

Los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes aprobadas por el Gobierno Central y los gobiernos autonómicos durante los últimos años, leyes que fijan los derechos de las personas en diferentes ámbitos: autonomía personal, educación, sanidad, servicios sociales,… y los acuerdos alcanzados en cuanto a la implantación de servicios sociales, atención a los colectivos en riesgo de exclusión social, etc., son derechos irrenunciables en los que no se puede dar ni un paso atrás.

Es también imprescindible la racionalización de los servicios para obtener un sistema eficaz y sostenible. Es necesario simplificar la gestión y los servicios acercándolos a las personas y eliminando burocracias innecesarias. La potenciación de los recursos humanos de atención directa y la reducción de organismos innecesarios, y muchas veces duplicados, permitirá el ahorro de costes y la potenciación de los servicios realmente necesarios.

El reto de mantener unos servicios sociales de calidad es de todas las personas, la sociedad civil y las administraciones públicas. La implicación de todos los agentes debe hacerse efectiva en la planificación, gestión y evaluación de los servicios. Con una ciudadanía responsable tendremos sin duda una sociedad más cohesionada y equitativa, en definitiva, una sociedad más justa.

Desde mi punto de vista, el contenido y las actividades que se deberían blindar en materia de servicios sociales son las siguientes:

1. Promocionar la participación social, el mantenimiento y la recuperación de las redes de integración comunitaria, que facilitan la relación a las personas con su entorno social.
2. Mantener los servicios, programas y actuaciones en atención primaria y en atención especializada que tienen como finalidad prevenir y atender las situaciones de dificultad social de personas y grupos.
3. Promocionar la prevención de situaciones de riesgo, para frenar el desarrollo de factores que propician la exclusión social y facilitar la inserción de las personas y grupos en situación de especial necesidad articulando itinerarios de inclusión social y laboral.
4. Potenciar el desarrollo de la intervención socioeducativa y comunitaria.
5. Educación y atención a las familias en situación de dificultad social y laboral.
6. Existencia de equipos de profesionales de carácter multidisciplinar: educadores sociales, psicólogos y trabajadores sociales.
7. Articular la mediación social, cultural, educativa y laboral.
8. Y por último, facilitar un acceso a los servicios sociales, en condiciones de igualdad, a los ciudadanos que viven en el medio rural.

Para concluir, entiendo que los servicios sociales deben otorgar especial prioridad a la prevención. La prevención es fundamental y el pilar sobre el que deberían descansar las políticas sociales y, en consecuencia, unos servicios sociales de calidad.


Emitido el día 29 de diciembre de 2011, en la sección "La firma" del Programa "Hoy por hoy" de la Cadena SER Palencia.