Paralizar Mercosur: una decisión necesaria para salvar la agricultura y la ganadería

 

Lo ocurrido en Bruselas con el acuerdo UE–Mercosur no admite equidistancias ni matices técnicos. El Parlamento Europeo ha hecho lo que PP y PSOE se negaban a hacer: frenar una barbaridad política y jurídica y enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE. Y lo ha hecho pese a la presión de los grandes lobbies y al cierre de filas de los principales partidos del sistema europeo. Mercosur no es un acuerdo inocente: supone una amenaza directa para el campo europeo y, de forma especialmente grave, para el sector primario de Castilla y León.

La votación de PP y PSOE es un escándalo político. Ambos partidos se opusieron a paralizar el acuerdo, a someterlo al control de la justicia europea y a aplicar el más mínimo principio de prudencia democrática. Actuaron de forma coordinada, demostrando que cuando se trata de comercio internacional y de intereses corporativos, las diferencias ideológicas desaparecen. Han preferido proteger al agronegocio y a las multinacionales exportadoras antes que a los agricultores y ganaderos.

Especialmente grave es la posición del Partido Popular y, en particular, del PP de Castilla y León. Mientras en el territorio se presentan como defensores del campo y del medio rural, en Bruselas sus eurodiputados han votado a favor de que Mercosur siga adelante. Han respaldado la entrada masiva de productos agrícolas producidos en condiciones prohibidas en la UE, promoviendo una competencia desleal que hunde precios, destruye negocios familiares y acelera el abandono de los pueblos. Este doble discurso no es un error puntual: es una estafa política.

El PSOE tampoco puede refugiarse en discursos sobre sostenibilidad y cohesión territorial. Su voto demuestra que el campo es moneda de cambio cuando entran en juego los grandes intereses económicos. Han ignorado las advertencias del sector agrarios y han votado contra la paralización y el control jurídico del acuerdo, evidenciando una profunda incoherencia entre su discurso y su práctica política.

Mercosur golpea de lleno a sectores estratégicos de Castilla y León: vacuno, porcino, cereales, remolacha, maíz y miel. Sectores ya asfixiados por costes elevados, precios injustos y una normativa cada vez más exigente. Frente a esta realidad, PP y PSOE repiten el argumento de las cláusulas de salvaguardia, mecanismos ineficaces, difíciles de activar y jurídicamente débiles, incapaces de evitar el daño estructural al tejido productivo.

Frente a esta traición al sector primario, la izquierda que ha votado contra Mercosur o ha apoyado su paralización parte de una lectura real del medio rural. Entiende que el problema no es la falta de competitividad, sino un modelo económico que exprime a agricultores y ganaderos, concentra beneficios en pocas manos y los abandona a la lógica del mercado global. Decir no a Mercosur es rechazar un modelo agroindustrial que concentra tierra, producción y poder, y expulsa a la agricultura familiar y profesional que sostiene pueblos, servicios a la población, empleo y territorio.

Este acuerdo no es solo un tratado comercial: profundiza la dependencia alimentaria, debilita la soberanía alimentaria y transfiere el control de la alimentación a las grandes corporaciones agroalimentarias. Castilla y León no necesita importar alimentos producidos en condiciones de dumping social y ambiental; necesita proteger su capacidad de decidir qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. No tiene sentido exigir estándares cada vez más estrictos a los productores locales mientras se abren las puertas a productos que no cumplen esas mismas normas.

El impacto no es solo económico, sino social y territorial. Mercosur acelera la despoblación del medio rural, destruye empleo agrario y rompe el tejido económico de comarcas enteras. Cada explotación o granja que cierra es un pueblo que pierde población, servicios y futuro. Por eso la oposición al acuerdo no es sectorial, sino una defensa del territorio y de la cohesión social.

Desde la izquierda se plantea una alternativa clara: situar el derecho a la alimentación por encima de cualquier acuerdo comercial; apostar por la agroecología, por sistemas alimentarios sostenibles y por territorios vivos; proteger la agricultura familiar y profesional frente al modelo industrial depredador; exigir reciprocidad real en los acuerdos comerciales; orientar la Política Agraria Común hacia quienes trabajan la tierra; garantizar precios que cubran costes de producción; reforzar la regulación pública de los mercados; apoyar la ganadería extensiva y la pequeña y mediana agricultura; y fortalecer los circuitos cortos de comercialización y el consumo de proximidad.

Defender el medio rural es entender que sin agricultores y ganaderos no hay transición ecológica, soberanía alimentaria ni futuro rural. La paralización de Mercosur es solo un primer paso. Lo que está en juego no es solo el futuro del campo de Castilla y León, sino el derecho colectivo a una alimentación sana, justa y sostenible. En este proceso, PP y PSOE no son actores neutrales: son responsables directos por su voto en Bruselas y su subordinación a los intereses de las grandes corporaciones agroalimentarias. La disyuntiva es clara: un campo vivo o un territorio sacrificado en el altar del libre comercio.