La educación social no puede delegarse en la policía: una crítica necesaria a la figura del “agente tutor”

 

En los últimos años, numerosos ayuntamientos han impulsado la figura del llamado “agente tutor” como supuesto recurso de prevención en los centros educativos. Presentado habitualmente como un instrumento de cercanía, convivencia y protección a la infancia, este modelo esconde, sin embargo, una profunda contradicción institucional, pedagógica y profesional que merece ser denunciada con claridad.

La cuestión es sencilla: ¿por qué las administraciones públicas siguen enviando policías a los centros educativos para realizar funciones preventivas, socioeducativas y de intervención comunitaria mientras continúan sin crear plazas suficientes de educadores y educadoras sociales en los colegios e institutos?

La respuesta revela un grave problema de concepción política y de intrusismo profesional.

Porque conviene decirlo sin rodeos: la prevención educativa no es una función policial. Nunca lo ha sido. Y convertir a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en referentes de intervención socioeducativa constituye una anomalía difícilmente justificable en un Estado que presume de profesionalización y especialización de los servicios públicos.

Un agente tutor podrá tener buena voluntad, experiencia policial o habilidades personales. Pero eso no convierte automáticamente a un policía en profesional de la educación social, de la pedagogía preventiva ni de la intervención con infancia y adolescencia. Del mismo modo que nadie aceptaría ser operado de apendicitis por un carnicero —con todos los respetos hacia los excelentes profesionales del comercio cárnico— tampoco deberíamos aceptar que la prevención socioeducativa recaiga sobre personas cuya formación no está orientada a ello.

La comparación puede parecer dura, pero ilustra perfectamente el absurdo que se ha normalizado.

Los educadores y las educadoras sociales cursan un grado universitario centrado precisamente en aquello que los agentes tutores pretenden desempeñar: prevención, mediación de conflictos, convivencia escolar, absentismo escolar,… Es decir, poseen competencias técnicas, pedagógicas y éticas directamente vinculadas con la realidad educativa y social.

¿Qué formación recibe un policía en estas materias? Fundamentalmente ninguna, o en el mejor de los casos, cursos complementarios puntuales claramente insuficientes para sustituir una profesión universitaria.

Y aquí aparece el núcleo del problema: se está produciendo un evidente intrusismo profesional legitimado desde las propias administraciones públicas.

La paradoja resulta todavía más grave cuando observamos que la gran mayoría de los centros educativos de Educación Primaria y Secundaria carecen de educadoras y educadores sociales en sus equipos. Mientras tanto, numerosos ayuntamientos financian unidades policiales específicas para entrar en las aulas a impartir charlas, talleres y actuaciones preventivas.

¿Desde cuándo la convivencia escolar, el absentismo, la mediación, la prevención del acoso o el trabajo con la infancia y adolescencia pasan a ser competencias de la policía?

La propia Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deja claro cuál es el marco policial. Cuando la ley habla de prevención, lo hace vinculándola a la delincuencia, a la seguridad ciudadana y a los actos delictivos. No a la intervención educativa, ni al acompañamiento pedagógico de niñas, niños y adolescentes dentro del sistema educativo.

Por tanto, resulta jurídicamente cuestionable y políticamente preocupante que se difumine deliberadamente la frontera entre seguridad y educación.

Porque la escuela no puede convertirse progresivamente en un espacio de normalización policial.

Aunque el agente tutor vista de paisano, aunque adopte un lenguaje amable o aunque sus intervenciones se presenten como “educativas”, sigue representando una autoridad coercitiva cuya función esencial pertenece al ámbito del control y la seguridad, no al de la educación emancipadora ni al desarrollo integral de la infancia y adolescencia.

Las niños, niños y adolescentes necesitan referentes educativos, no policiales.

Necesitan profesionales preparados para comprender procesos madurativos, conflictos familiares, exclusión social, fracaso escolar, salud mental, desigualdad o vulnerabilidad comunitaria. Y esos profesionales existen: se llaman educadoras y educadores sociales.

Sin embargo, en lugar de fortalecer su presencia en los centros educativos, muchas administraciones prefieren soluciones más vistosas mediáticamente y aparentemente más baratas políticamente. En gran medida, esta deriva fue impulsada en 2001 por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) junto al Plan Nacional sobre Drogas y secundada por numerosos ayuntamientos que han asumido acríticamente un modelo profundamente discutible.

Lo más preocupante es que esta sustitución simbólica transmite además un mensaje pedagógico muy peligroso: que los problemas de convivencia, conducta o adolescencia deben abordarse prioritariamente desde la lógica policial y no desde la lógica educativa y social.

Eso constituye un fracaso colectivo.

La prevención auténtica no se construye desde la autoridad coercitiva, sino a partir del vínculo educativo, la intervención comunitaria y el acompañamiento profesional especializado. Esto exige voluntad política e inversión pública suficiente por parte de las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas, orientada a la creación de plazas para educadoras y educadores sociales en los centros educativos, y no a campañas de marketing institucional en torno a figuras policiales artificialmente reconvertidas en agentes educativos.

La pregunta final es inevitable: si existen profesionales específicamente formados para ello, ¿por qué se sigue delegando la prevención educativa en quienes ni tienen esa formación ni poseen esa función legal?

Tal vez porque todavía algunos políticos y técnicos, con responsabilidad en las administraciones públicas, siguen “confundiendo” controlar con educar. Y son cosas radicalmente distintas.