La Educación Social no se defiende sola
Hay problemas que no se resuelven con pequeños retoques ni declaraciones de buenas intenciones. Exigen identificar qué impide avanzar y actuar sobre ello. En la mitología griega, Alejandro Magno resolvió el nudo gordiano no intentando deshacerlo hilo a hilo, sino comprendiendo que el problema estaba en el propio nudo. La Educación Social tiene hoy uno de esos nudos: la escasa colegiación de quienes, después de cuatro años de formación universitaria, obtienen su título y comienzan su trayectoria profesional al margen de los colegios de sus territorios.
No es el único problema de la Educación Social. Reclamamos mayor
reconocimiento institucional, mejores condiciones laborales, presencia en las
políticas públicas, regulación profesional, lucha contra el intrusismo y un
espacio propio en los sistemas de protección social. Todo ello es legítimo y
necesario. Pero resulta difícil entender que, al mismo tiempo, una parte
importante de quienes ejercen la profesión se mantenga al margen de una de las
principales estructuras creadas para defender esos intereses.
Aquí existe una contradicción. No podemos reclamar una profesión fuerte y
comportarnos como si la profesión fuera únicamente un asunto individual. No
podemos exigir que las administraciones reconozcan nuestras competencias,
respeten nuestras funciones o combatan el intrusismo y, cuando llega el momento
de sostener las estructuras que defienden todo eso, considerar la colegiación
algo secundario.
La respuesta no puede ser siempre «el colegio». Porque el colegio somos
también quienes formamos parte de él. Una organización profesional no es una
entidad externa que existe para resolvernos los problemas mientras permanecemos
al margen. Su capacidad de representación e incidencia depende de las personas
que la integran, la sostienen y participan en ella.
Y aquí conviene ser críticos con las nuevas generaciones. Hemos construido
una cultura profesional excesivamente individualista. Se reclaman con
legitimidad estabilidad, reconocimiento, mejores salarios, conciliación y
derechos profesionales, pero se olvida que muchos son fruto de años de
organización, reivindicación, negociación y trabajo colectivo. Parece que
queremos los derechos de una profesión organizada sin asumir siempre las
obligaciones que implica formar parte de ella.
No se trata de culpabilizar al alumnado ni de responsabilizar exclusivamente
a quienes terminan el Grado. Pero sí de pedir algo más que una incorporación al
mercado laboral. El título universitario no debería marcar el final de la
formación profesional, sino el comienzo de una responsabilidad con la
profesión. Quien termina cuatro años de estudios debería conocer qué profesión
ha elegido, qué organización profesional existe en su territorio, qué papel desempeña
y cómo puede contribuir a construir la Educación Social.
Aquí la universidad tiene una responsabilidad enorme. Durante cuatro años se
enseñan teorías, metodologías, técnicas y competencias, pero no siempre se
presta la misma atención a la identidad profesional. El alumnado debería
conocer el papel de los colegios, la deontología, la defensa de las
competencias, la lucha contra el intrusismo y los mecanismos de participación.
No parece razonable completar un Grado y llegar al mercado laboral sin haber tenido
prácticamente contacto con el colegio profesional del territorio.
Pero tampoco podemos esperar que el alumnado llame espontáneamente a su
puerta. Los colegios tienen que hacer autocrítica. Si queremos aumentar la
colegiación, no basta con informar sobre cuotas y servicios. Hay que demostrar
qué cambia en la profesión gracias a su existencia.
Los colegios disponen de herramientas potentes: interlocución con las
administraciones, participación en órganos consultivos, informes y propuestas,
presencia en procesos normativos, relaciones con universidades, asesoramiento,
formación y capacidad para construir comunidad profesional. ¿Por qué no
establecer un itinerario de transición entre universidad y ejercicio
profesional? ¿Por qué no desarrollar programas con las facultades,
acompañamiento y mentorización para quienes comienzan a ejercer y espacios de
encuentro y orientación?
Y, sobre todo, hay que demostrar la utilidad colectiva de la colegiación. Si
un colegio consigue modificar una convocatoria para reconocer adecuadamente la
Educación Social, incorporar la figura profesional a un servicio o intervenir
ante una administración por un caso de intrusismo, debe explicarlo. La
colegiación no puede defenderse únicamente por lo que el colegio ofrece al
profesional, sino por lo que las profesionales organizadas pueden conseguir
juntas.
También necesitamos reforzar la cooperación territorial a través del Consejo
General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales. No para uniformizar
realidades diferentes, sino para compartir conocimiento, estrategias y
herramientas. Si un colegio desarrolla una buena estrategia contra el
intrusismo, otro no debería empezar desde cero. Hace falta más cooperación
territorial y más inteligencia colectiva.
Pero los colegios tampoco pueden sostener indefinidamente su actividad sobre
el esfuerzo voluntario de unas pocas personas. No podemos exigir estructuras
profesionales fuertes, interlocución, asesoramiento, formación y defensa de la
profesión mientras una parte de quienes se benefician de ese trabajo decide no
participar. Hay algo profundamente injusto en pedir que unas pocas sostengan
una estructura que debería ser responsabilidad de muchas.
Quizá hemos insistido demasiado en qué puede ofrecer el colegio y demasiado
poco en qué podemos aportar a la profesión. La pregunta no debería ser
únicamente «¿qué me da el colegio a cambio de mi cuota?», sino también «¿qué
profesión quiero encontrar dentro de veinte años y qué estoy dispuesta a hacer
hoy para construirla?».
Colegiarse no debería ser simplemente pagar una cuota. Una profesión fuerte
necesita profesionales colegiadas, pero también participativas, críticas y
exigentes con sus propias organizaciones. Los colegios no son organizaciones de
«otras». Son nuestras organizaciones. Si no funcionan suficientemente bien,
habrá que exigir que funcionen mejor; si están alejadas de las nuevas
generaciones, habrá que transformarlas. Pero mantenerse al margen y después
reclamar que sean más fuertes difícilmente puede ser la solución.
Quizá el verdadero nudo gordiano de la Educación Social sea esa
contradicción entre una profesión que aspira a una fuerte dimensión colectiva y
unas profesionales que, demasiadas veces, se miran su propio ombligo.
Por eso, la pregunta ya no debería ser solo por qué la Educación Social no
ocupa el lugar que merece, sino qué estamos haciendo cada uno para conseguirlo.
La universidad debe asumir su responsabilidad en la construcción de una
identidad profesional sólida. Los colegios tienen que ser más útiles, cercanos,
abiertos y capaces de demostrar su incidencia. El Consejo General debe
fortalecer la cooperación entre territorios. Y las nuevas generaciones deben
asumir que recibir un título no les convierte únicamente en profesionales con
derechos, sino también en responsables del futuro de la profesión que han
elegido.
Quizá debamos empezar a hablar de la colegiación no como el último trámite
administrativo después de terminar la carrera, sino como el primer acto de compromiso
político y responsabilidad profesional.
Alejandro Magno no deshizo el nudo gordiano. Lo cortó. Tal vez la Educación
Social necesite hacer algo parecido: dejar de buscar explicaciones infinitas a
la escasa colegiación, dejar de trasladar toda la responsabilidad a los
colegios y dejar también de justificar permanentemente la falta de compromiso
de quienes llegan a la profesión. Tenemos herramientas, organizaciones,
universidades, experiencia y profesionales con capacidad. Lo que falta,
demasiadas veces, es convertir todo eso en una estrategia colectiva.
Si queremos una profesión fuerte, tenemos que estar dispuestas a
construirla. El nudo gordiano de la Educación Social no se resolverá esperando
que otras actúen. Habrá que cortarlo. Y quizá el primer corte sea tan sencillo
—y tan incómodo— como este: colegiarse, participar y asumir que la
defensa de una profesión también es responsabilidad de quien acaba de entrar en
ella.

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