El error político de olvidar a quienes construyen el desarrollo rural

 

La reciente aprobación de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, debería ser motivo de satisfacción para quienes llevamos décadas comprometidas con el desarrollo del medio rural. Que el Estado sitúe la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación entre las grandes prioridades de la agenda política constituye, sin duda, una noticia positiva y un paso necesario.

Sin embargo, una lectura detenida del documento deja un sabor profundamente agridulce.

La Estrategia identifica con acierto muchos de los desafíos que afronta el medio rural. Habla de gobernanza, de desarrollo económico, de emprendimiento, de innovación, de acceso a los servicios públicos, de vivienda, de igualdad de oportunidades, de cultura, de sostenibilidad y de participación ciudadana. El diagnóstico, en términos generales, es acertado.

Pero una estrategia no se mide únicamente por la calidad de su diagnóstico. Se mide, sobre todo, por su capacidad para identificar quién debe convertir esas prioridades en una realidad sobre el territorio.

Y es precisamente ahí donde aparece una ausencia tan sorprendente como preocupante: los grupos de acción local.

Resulta paradójico que un documento de más de 180 páginas dedicado a combatir la despoblación apenas reserve un papel protagonista a quienes llevan más de tres décadas trabajando, precisamente, para combatirla.

Porque conviene recordar una evidencia que a menudo se olvida.

Mucho antes de que el reto demográfico ocupara titulares, ministerios o estrategias nacionales, los grupos de acción local ya estaban impulsando el desarrollo del medio rural. Mucho antes de que se hablara de gobernanza multinivel, participación ciudadana, innovación territorial o desarrollo sostenible, ya aplicaban sobre el terreno la metodología LEADER promovida por la Unión Europea.

Durante más de treinta años han acompañado a personas emprendedoras, apoyado a pequeñas empresas, recuperado patrimonio, impulsado proyectos culturales y turísticos, fortalecido el tejido asociativo, promovido la innovación social y económica y tejido alianzas entre administraciones, empresas y sociedad civil. Han dado vida al medio rural. Han dado esperanza.

Los grupos de acción local no hablan desde la teoría. Hablan desde la experiencia.

Lo más llamativo es que la propia Estrategia reconoce ese bagaje. Reconoce expresamente la contribución de los grupos de acción local al aprendizaje acumulado de las políticas frente al reto demográfico. También les atribuye capacidad para aportar capilaridad territorial, coordinación supramunicipal y dinamización del territorio, junto a otros actores sociales.

Entonces surge una pregunta inevitable.

Si el propio Gobierno reconoce que los grupos de acción local constituyen una herramienta eficaz, con implantación territorial y una experiencia ampliamente contrastada, ¿por qué no les reserva un papel estratégico y preferente en el desarrollo e implementación de esta Estrategia?

Porque ese es el verdadero problema.

No se trata de aparecer mencionados en un documento.

Se trata de asumir responsabilidades.

Se trata de que la gobernanza territorial deje de ser un concepto recurrente para convertirse en un modelo real en el que quienes conocen el territorio participen activamente en la planificación, coordinación y ejecución de las políticas públicas.

La Estrategia habla constantemente de participación, cooperación y coordinación institucional. Defiende un enfoque territorial integrado y la necesidad de construir políticas desde la proximidad. Sin embargo, cuando desciende al terreno de la gobernanza, vuelve a reproducir un esquema excesivamente institucional, en el que las administraciones ocupan el centro del modelo y los actores que llevan décadas dinamizando el territorio quedan relegados a un papel secundario.

Es un error.

Y no lo es por una cuestión de reconocimiento institucional.

Lo es porque supone desaprovechar la mayor red de desarrollo territorial que existe en nuestro país.

Los más de 250 grupos de acción local constituyen una estructura consolidada, con equipos técnicos especializados, implantación comarcal, capacidad de cooperación público-privada y un profundo conocimiento de la realidad económica y social de cada territorio.

No existe otra organización con semejante capilaridad en el medio rural.

No existe otra que conozca mejor las fortalezas, necesidades y oportunidades de nuestras comarcas.

Y pocas pueden acreditar una trayectoria tan extensa impulsando proyectos que generan empleo, fijan población y mejoran la calidad de vida en nuestros pueblos.

Pero hay una cuestión que la lectura de esta Estrategia deja inevitablemente sobre la mesa. Si el reto demográfico constituye uno de los grandes desafíos de país, ¿hasta qué punto existe una verdadera coordinación entre los departamentos del Gobierno llamados a afrontarlo?

El desarrollo rural nunca ha sido una política sectorial. Su éxito ha residido, precisamente, en su capacidad para integrar políticas agrarias, económicas, sociales, ambientales y territoriales bajo una misma visión. Esa transversalidad exige diálogo permanente, cooperación institucional y una estrategia compartida entre ministerios. Sin embargo, la lectura de este documento transmite la sensación de que esa interlocución ha sido, cuando menos, insuficiente.

Los grupos de acción local desarrollan su actividad en el marco de las políticas de desarrollo rural impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pero su trabajo diario responde, de forma directa, a muchos de los objetivos que persigue el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: combatir la despoblación, fortalecer la cohesión territorial, impulsar el emprendimiento, favorecer la innovación, dinamizar el tejido social y generar oportunidades para fijar población.

Resulta difícil entender que una herramienta que lleva más de tres décadas contribuyendo a esos objetivos apenas encuentre un espacio relevante en una Estrategia Nacional concebida precisamente para alcanzarlos. Da la impresión de que el desarrollo rural sigue considerándose una política vinculada exclusivamente a agricultura, mientras que el reto demográfico transita por un camino paralelo bajo el paraguas de transición ecológica. Y esa separación resulta artificial, porque el territorio no entiende de organigramas ministeriales.

Quizá la gran pregunta que deja este documento no sea únicamente por qué los grupos de acción local ocupan un papel tan discreto, sino si ambos departamentos han sido capaces de construir una visión verdaderamente compartida sobre cómo afrontar el desafío demográfico en nuestro país. Porque la despoblación no se resolverá desde compartimentos estancos. Exige políticas coherentes, coordinadas y complementarias. Cuando esa coordinación falla, quienes pierden no son los ministerios. Quien pierde es el medio rural. Y esta Estrategia, lamentablemente, transmite la sensación de haber desaprovechado una magnífica oportunidad para demostrar justamente lo contrario.

Por otra parte, resulta especialmente preocupante que esta Estrategia se apruebe precisamente cuando Europa debate el futuro de la Política Agraria Común y del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034. La reforma actualmente en discusión abre una incertidumbre sin precedentes sobre la continuidad del programa LEADER y sobre la financiación específica destinada al desarrollo local participativo, poniendo en cuestión un modelo que durante más de treinta años ha demostrado su eficacia.

En este contexto, cabría esperar que España aprovechara la aprobación de esta Estrategia Nacional para lanzar un mensaje político inequívoco en defensa de los grupos de acción local y del enfoque LEADER, reivindicándolos como una herramienta estratégica para afrontar el reto demográfico. Sin embargo, el documento opta por una posición excesivamente discreta, otorgándoles un papel secundario precisamente cuando más necesario sería reforzar su legitimidad institucional y defender su continuidad.

La mejor manera de defender el desarrollo local participativo en Europa no es únicamente negociando en Bruselas.

También lo es reconociéndolo, fortaleciéndolo y situándolo en el lugar que merece dentro de las políticas nacionales.

Y esa oportunidad, lamentablemente, también se ha perdido.

Porque la despoblación no se combate únicamente con estrategias, diagnósticos o declaraciones de intenciones.

Se combate confiando en el territorio.

Confiando en quienes llevan décadas demostrando que el desarrollo rural funciona cuando se construye desde abajo, con participación, cooperación y liderazgo local.

El problema de esta Estrategia no es únicamente que mencione poco a los grupos de acción local.

El verdadero problema es el modelo de gobernanza que proyecta.

Una vez más, el Estado parece confiar más en las estructuras administrativas que en las estructuras territoriales que llevan décadas demostrando su eficacia. Y esa es, probablemente, la mayor debilidad de esta Estrategia.

Porque la despoblación no se resolverá desde un ministerio, por acertadas que sean sus políticas. Se resolverá desde las comarcas, desde los municipios y desde quienes conocen el territorio, generan confianza y convierten las estrategias en proyectos reales.

Si España quiere afrontar con éxito el mayor desafío territorial de las próximas décadas, necesita dejar de considerar a los grupos de acción local como meros colaboradores y empezar a reconocerlos como lo que realmente son: socios estratégicos del Estado en la construcción del futuro del medio rural.

Mientras eso no ocurra, cualquier estrategia nacional nacerá con una contradicción de origen: pretender transformar el territorio sin otorgar un papel protagonista a quienes llevan más de treinta años transformándolo.