La gran contradicción de la Educación Social en Castilla y León

 

En septiembre de 1989 viajé a Madrid para asistir al estreno de la adaptación teatral de «La guerra de nuestros antepasados». La novela de Miguel Delibes subía por primera vez al escenario del Teatro Bellas Artes en una adaptación del propio Delibes junto a Ramón García. Antonio Giménez Rico dirigía la obra y dos actores extraordinarios, José Sacristán, en el papel de Pacífico Pérez, y Juan José Otegui, como el doctor Burgueño, daban vida a una historia que, sin yo sospecharlo entonces, me acompañaría durante muchos años.

Aquel viaje ha permanecido en mi memoria desde entonces. Siempre tuve la sensación de que aquella representación encerraba una reflexión que iba mucho más allá de la guerra, pero han tenido que pasar casi cuatro décadas para comprender por qué necesitaba volver a ella. La realidad que atraviesa hoy la Educación Social en Castilla y León me ha empujado, casi de forma inevitable, a reencontrarme con Pacífico Pérez y con la vigencia de una obra que sigue interpelándonos medio siglo después.

Hay novelas que cuentan una historia. Otras, además, terminan explicando un país. «La guerra de nuestros antepasados», publicada por Miguel Delibes en 1975, pertenece a esa segunda categoría. Bajo la apariencia de un diálogo entre un psiquiatra y Pacífico Pérez —un hombre corriente incapaz de comprender por qué ha terminado participando en una guerra que nunca sintió como propia—, Delibes construye una profunda reflexión sobre el medio rural, la obediencia, la resignación y el peso de las inercias. Sobre esa costumbre tan humana de aceptar determinadas realidades simplemente porque siempre han sido así.

Cinco décadas después, sorprende comprobar hasta qué punto la historia de Pacífico Pérez sigue ayudándonos a comprender algunas de las contradicciones de la Castilla y León de hoy. No porque Castilla y León viva una guerra en el sentido literal de la palabra, sino porque existen conflictos silenciosos que también dejan víctimas. Guerras que no aparecen en los titulares, que no se libran con fusiles, sino con decisiones políticas, con presupuestos insuficientes, con plazas que nunca llegan y con oportunidades que se escapan sin hacer ruido.

Una de esas guerras es la que desde hace años mantiene Castilla y León con la Educación Social.

Lo más inquietante no es que exista. Lo verdaderamente preocupante es que muchas hemos terminado por asumirla como si fuera inevitable.

Pacífico Pérez nunca entendió por qué debía combatir en una guerra heredada de sus antepasados. Nosotras deberíamos preguntarnos por qué cientos de jóvenes aceptan, casi con la misma resignación, que después de cuatro años de formación universitaria tendrán que abandonar su tierra para poder ejercer la profesión que eligieron.

Porque esa es la realidad.

Castilla y León forma educadoras y educadores sociales, pero no sabe —o no quiere— incorporarlos de manera decidida a sus propias políticas públicas.

Y ahí comienza una contradicción difícil de justificar.

Cada curso académico, las universidades públicas en Palencia, Valladolid, León, Burgos y Salamanca reciben aproximadamente a más de 300 estudiantes de nuevo ingreso en el Grado en Educación Social. Si se considera la duración completa de la titulación, son alrededor de más de 1.200 jóvenes los que se están formando simultáneamente en las universidades, a los que habría que añadir quienes cursan estos estudios en la UNED.

Son más de 1.200 personas que creen que Castilla y León necesita educadoras y educadores sociales.

Paradójicamente, quienes parecen no creerlo son las propias administraciones públicas.

La Junta de Castilla y León financia esa formación. Las universidades ponen a disposición del alumnado profesorado especializado, recursos e infraestructuras. Las familias sostienen un importante esfuerzo económico y personal. Los y las estudiantes dedican cuatro años de su vida a prepararse para intervenir con infancia, adolescencia, personas mayores, familias, comunidades y colectivos en situación de vulnerabilidad, entre otros.

Y cuando terminan sus estudios descubren que el mercado laboral de su propia comunidad autónoma apenas tiene espacio para ellos y ellas.

No es únicamente una frustración individual.

Es un fracaso colectivo.

Es una comunidad que invierte recursos públicos para que el talento acabe fortaleciendo los servicios públicos de otras comunidades autónomas.

Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Navarra, o la Comunidad Valenciana incorporan con mayor normalidad la figura del educador y educadora social en los centros educativos y en los servicios sociales. Castilla y León, mientras tanto, contempla cómo buena parte de quienes ha formado hacen las maletas porque aquí no encuentran un proyecto profesional.

No deja de resultar paradójico.

La comunidad que más insiste en combatir la despoblación continúa alimentando uno de los mecanismos que mejor la explican: la expulsión silenciosa del talento joven.

No hablamos únicamente de empleo.

Hablamos de arraigo.

Hablamos de proyectos de vida.

Hablamos de jóvenes que probablemente desearían desarrollar su profesión cerca de sus familias, contribuir al bienestar de sus pueblos y ciudades y devolver a esta tierra parte de lo que ella invirtió en su formación.

Sin embargo, la respuesta que reciben suele ser siempre la misma.

«Aquí no hay plazas».

Y esa frase, repetida durante años, acaba convirtiéndose en una forma de resignación.

Exactamente la resignación contra la que escribió Miguel Delibes.

Porque la resignación tiene una extraordinaria capacidad para disfrazarse de normalidad. Empieza aceptando que determinadas profesiones siempre tendrán pocas oportunidades. Continúa justificando que "ya saldrá alguna convocatoria". Y termina convenciendo a toda una generación de que emigrar forma parte natural de su carrera profesional.

Pero no lo es.

No puede serlo cuando la propia administración mantiene abiertas titulaciones universitarias que, después, apenas tienen reflejo en su estructura de empleo público.

No puede serlo cuando las necesidades sociales son cada vez mayores.

Y, sobre todo, no puede serlo cuando la Educación Social ha demostrado desde hace décadas su capacidad para prevenir conflictos, fortalecer comunidades y acompañar a las personas allí donde más lo necesitan.

Quizá ha llegado el momento de dejar de aceptar esta guerra como si también fuera una herencia inevitable.

Porque, como comprendió Pacífico Pérez, hay guerras que nunca deberían haberse librado.