Cuando la infancia se convierte en arma política

 

Hay decisiones políticas que pueden ser discutidas desde la discrepancia ideológica o desde las distintas formas de entender la gestión pública. Sin embargo, hay otras que nos obligan a preguntarnos qué principios estamos dispuestos a preservar como sociedad cuando las circunstancias se complican. La decisión de la Junta de Castilla y León de oponerse «frontalmente» a la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados procedentes de Ceuta pertenece, a mi juicio, a esta segunda categoría, porque detrás de una discusión que puede presentarse como una cuestión de recursos, competencias o distribución territorial estamos hablando, en realidad, de niñas, niños y adolescentes que se encuentran solos y bajo la responsabilidad de las administraciones públicas.

No estamos ante una posición circunstancial. El rechazo forma parte del acuerdo de gobierno alcanzado entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León, que contempla la oposición a la acogida de nuevos menores extranjeros no acompañados y el compromiso de utilizar todos los medios legales, jurídicos y políticos para impedir su reparto. Conviene recordarlo porque no resulta suficiente atribuir esta posición exclusivamente a Vox. El Partido Popular ha decidido gobernar con esta formación y ha asumido determinados compromisos de su socio. Cuando se firma un acuerdo de gobierno, también se asumen sus consecuencias.

Podemos y debemos mantener un debate serio sobre inmigración, sobre el control de las fronteras, sobre la necesidad de establecer vías legales y seguras, sobre la responsabilidad de la Unión Europea o sobre los recursos que el Estado debe poner a disposición de las comunidades autónomas. Podemos reclamar una mejor planificación y cuestionar los criterios utilizados para distribuir a los y las menores entre territorios. Todo eso es legítimo. Lo que resulta mucho más difícil de justificar es utilizar esas discrepancias para cuestionar la obligación de proteger a quienes, por encima de cualquier otra consideración, son menores de edad.

Si Castilla y León carece de recursos suficientes, la respuesta debería ser reclamar más financiación, aumentar las plazas, incorporar profesionales y reforzar el sistema de protección. Si la distribución territorial es mejorable, habrá que negociarla. Si los centros están saturados, habrá que buscar soluciones. Eso es gestionar. Pero existe una diferencia fundamental entre decir que no disponemos de medios suficientes y decir que no queremos acogerlos. En el primer caso existe un problema que debe resolverse; en el segundo, se corre el riesgo de convertir a las personas en el problema.

Resulta especialmente preocupante que desde la propia Vicepresidencia de la Junta de Castilla y León se haya defendido que la atención a estos menores no es asumible por una cuestión de «principios». Porque si hablamos de principios, deberíamos preguntarnos qué principio puede situarse por encima de la protección de un ser humano que se encuentra solo. Su nacionalidad, su origen o la forma en que haya llegado hasta España no deberían determinar si merece o no nuestra protección.

También debemos prestar atención al lenguaje. Cuando desde determinadas posiciones políticas se habla de «inmigración ilegal», de «crisis de seguridad» o de «oposición frontal» a la acogida, existe el riesgo de que las personas desaparezcan detrás de las categorías políticas. Un adolescente deja entonces de ser visto como un menor que necesita protección y pasa a convertirse en una pieza dentro de un discurso construido alrededor de la frontera, la seguridad y la inmigración. Las palabras importan, especialmente cuando proceden de responsables institucionales, porque pueden determinar quién merece nuestra empatía y quién debe ser presentado como una amenaza.

La contradicción resulta todavía más evidente en una comunidad como Castilla y León. Llevamos años hablando de despoblación, de envejecimiento, de colegios que pierden alumnado, de empresas que necesitan personal y de pueblos que necesitan familias y nuevos proyectos de vida. Desde las instituciones se reclama población joven y se diseñan políticas para atraer nuevas personas pobladoras. Sin embargo, al mismo tiempo, determinados discursos presentan a jóvenes procedentes de otros países como un problema.

¿En qué quedamos?

Si nuestros pueblos necesitan población, deberíamos ser capaces de entender que la llegada de nuevos vecinos puede convertirse también en una oportunidad. No basta con atraer población; hay que ser capaces de integrarla, ofrecer vivienda, educación, formación, empleo y oportunidades. Y Castilla y León, que conoce perfectamente lo que significa emigrar, debería tener una especial sensibilidad hacia quienes llegan a un territorio buscando una oportunidad para construir su vida.

Durante décadas, miles de personas jóvenes abandonaron los pueblos de Castilla y León para buscar oportunidades en otras ciudades, comunidades autónomas o países. Muchas fueron acogidas lejos de su tierra y pudieron desarrollar allí sus proyectos de vida. Quizá esa experiencia debería ayudarnos a comprender que detrás de cada proceso migratorio hay una persona, unas circunstancias y, muchas veces, la necesidad de empezar de nuevo.

Por eso resulta difícil aceptar que la solidaridad territorial se convierta en una cuestión de conveniencia política. Cuando Ceuta se encuentra desbordada y necesita la colaboración de otras administraciones para atender a los y las menores que están bajo su tutela, la respuesta debería ser la cooperación. No porque las comunidades autónomas tengan que aceptar sin discusión cualquier decisión del Gobierno central, sino porque el Estado autonómico se sustenta también en la responsabilidad compartida.

La paradoja es evidente: una ciudad autónoma gobernada por el Partido Popular reclama solidaridad porque no puede asumir por sí sola la atención de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, mientras gobiernos autonómicos del mismo partido, aliados con Vox, anuncian su oposición a asumir parte de esa responsabilidad. La solidaridad no puede funcionar únicamente cuando la necesitamos nosotros.

Y detrás de cada cifra hay una persona. Podemos hablar de plazas, recursos, porcentajes o menores atendidos porque necesitamos esos datos para planificar las políticas públicas, pero ninguna estadística debería hacernos olvidar que estamos hablando de niñas, niños y adolescentes que, en muchos casos, han dejado atrás a sus familias y se encuentran solos en un país desconocido.

Podemos defender unas fronteras seguras y una inmigración ordenada. Podemos exigir a Europa una política migratoria más eficaz y reclamar al Estado más recursos. Todo ello es perfectamente compatible con proteger a la infancia que ya se encuentran bajo responsabilidad de las instituciones españolas. Presentar ambas cuestiones como incompatibles responde más a una estrategia política que a una verdadera necesidad de gestión.

Por eso el problema no está únicamente en Vox, aunque su discurso haya contribuido a desplazar los límites de lo que consideramos aceptable en el debate político. El problema está también en la normalización de ese discurso por parte del Partido Popular, que ha decidido incorporarlo a un acuerdo de gobierno. Cuando una posición que inicialmente podía parecer propia de la extrema derecha acaba convirtiéndose en una política institucional, deja de ser una simple provocación y pasa a formar parte de las decisiones que afectan a nuestra sociedad.

Gobernar significa también asumir responsabilidades cuando las circunstancias son difíciles, proteger a quienes tienen menos capacidad para defenderse y garantizar derechos incluso cuando hacerlo no proporciona réditos políticos. Una democracia se mide, en buena medida, por la forma en que trata a quienes carecen de poder para hacerse escuchar.

No podemos construir una sociedad más segura haciendo más vulnerables a quienes ya lo son. Tampoco podemos construir un medio rural con futuro señalando como amenaza a jóvenes que podrían convertirse en nuevos vecinos. Y mucho menos podemos defender los derechos de la infancia mientras aceptamos que algunos niños y niñas merecen protección y otros deben quedar fuera de ella por su nacionalidad o por la forma en que llegaron hasta aquí.

Quizá la pregunta no debería ser únicamente cuántos menores estamos dispuestos a acoger, sino qué sociedad queremos ser. Una sociedad que convierte a los más vulnerables en instrumentos de confrontación política o una sociedad que, incluso cuando existen dificultades, mantiene intacta su capacidad para proteger a quienes más lo necesitan.

Los derechos de la infancia no tienen nacionalidad. Y la humanidad tampoco debería tenerla.