La propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, presentada el pasado 17 de julio como un presupuesto “moderno, racional y flexible”, encierra una maniobra política que amenaza con desmantelar el desarrollo rural europeo. La supresión de facto del segundo pilar de la Política Agraria Común (PAC) no es un ajuste técnico, sino una decisión de gran calado que pone en riesgo décadas de avance, participación y cohesión territorial.
Programas como LEADER, con más de
treinta años de trayectoria en 2.800 comarcas rurales europeas, desaparecen del
marco presupuestario como línea diferenciada. Quedan relegados a un apartado
genérico dentro de los llamados Planes Nacionales y Regionales de Asociación,
sin financiación obligatoria, sin reconocimiento jurídico propio y sin garantía
alguna de continuidad. La decisión de dejar su implementación a la libre
disposición de los Estados miembros equivale, en la práctica, a una condena
silenciosa. Lo que no se protege legalmente ni se financia estructuralmente,
acaba por desaparecer.
Eliminar LEADER de la arquitectura
presupuestaria europea supone borrar de un plumazo uno de los pocos programas
que ha generado impacto estructural, medible y sostenible en el medio rural.
Desde su creación en 1991, LEADER ha canalizado miles de millones de euros
hacia proyectos gestionados desde el propio territorio, por actores locales
organizados en Grupos de Acción Local. Más de 60.000 proyectos han sido
ejecutados con éxito solo en el anterior período de programación (2014-2022).
Las inversiones realizadas han impulsado la diversificación económica, el
emprendimiento femenino y juvenil, la recuperación del patrimonio, la
innovación social, la cooperación interterritorial y la creación de empleo
estable en sectores que van desde la agroindustria hasta la cultura o el
turismo sostenible.
A diferencia de otras políticas de
arriba hacia abajo, LEADER ha demostrado que el enfoque participativo y de base
comunitaria funciona. Ha contribuido a generar capital social, confianza
institucional, capacidad de gestión local y una cultura democrática de
corresponsabilidad. Muchos territorios rurales, especialmente aquellos con
problemas de despoblación, aislamiento o infrafinanciación crónica, han
encontrado en LEADER una vía de esperanza y transformación real. Ha articulado
redes de solidaridad, ha reactivado comarcas enteras y ha conectado lo local
con lo europeo de manera ejemplar.
Cuesta comprender por qué la Comisión
Europea, en lugar de reforzar esta herramienta, opta por desmantelarla. LEADER
es hoy el único instrumento de gobernanza rural real que existe en la Unión
Europea. En torno a él convergen intereses diversos que rara vez coinciden en
otros espacios: ayuntamientos, asociaciones y colectivos socioculturales,
organizaciones agrarias, pequeñas y medianas empresas locales. Todos ellos
trabajan juntos, en pie de igualdad, para diseñar e impulsar estrategias
compartidas de desarrollo local. Esta capacidad única de integrar voces y
coordinar acciones desde el territorio no tiene equivalente en ninguna otra
política europea. Suprimirla es romper ese tejido institucional y comunitario que
tanto ha costado construir.
Resulta inaceptable que, tras años de
evidencias tangibles, de resultados positivos (siempre mejorables) y
reconocidos internacionalmente, la Comisión opte por desarticular uno de los
instrumentos más eficaces de política territorial de la Unión. El enfoque que
reduce lo rural a lo agrario, o a un espacio residual donde aplicar políticas
estandarizadas, no solo es erróneo: es profundamente perjudicial. El medio
rural europeo representa diversidad territorial, cultural y productiva.
Necesita soluciones adaptadas, pensadas desde su complejidad, no desde la
lógica uniforme del medio urbano.
La incoherencia del discurso
institucional es evidente. Se proclama la defensa de la cohesión, de la
sostenibilidad, de la inclusión social. Se declara una lucha activa contra la
despoblación. Pero al mismo tiempo, se retira el único instrumento con
capacidad real de responder a esos objetivos desde lo local, con participación
ciudadana y con capacidad de adaptación territorial. Bajo el pretexto de la
simplificación y la flexibilidad, lo que se está haciendo es concentrar el
poder en estructuras estatales y desmantelar redes locales y comunitarias que
han demostrado eficacia.
Modernizar no puede significar
recentralizar ni homogeneizar. Una Europa moderna es aquella que reconoce y
potencia la diversidad de sus territorios. Que refuerza lo que funciona y
respeta la autonomía de las comunidades rurales para diseñar su propio futuro.
LEADER no necesita discursos vacíos, necesita garantías jurídicas y presupuesto
asegurado. Su valor estratégico debería colocarlo en el centro de las políticas
de transición ecológica, innovación social y regeneración territorial.
Mientras se asignan cifras históricas
a defensa, tecnología o movilidad militar, se borra del mapa presupuestario la
principal política de proximidad de la UE. Esta omisión no es neutra: tiene
consecuencias sociales, demográficas y económicas de enorme calado. El abandono
institucional del medio rural alimenta la desigualdad territorial, la desafección
política y la pérdida de confianza en el proyecto europeo.
Por ello, resulta urgente y necesario
restituir el segundo pilar de la PAC como componente estructural del MFP.
LEADER debe ser blindado reglamentariamente y dotado con recursos suficientes,
con carácter obligatorio y aplicación en todos los Estados miembros. El
desarrollo rural no puede quedar a expensas de prioridades nacionales. Debe ser
parte esencial de una visión europea que quiera ser verdaderamente inclusiva,
sostenible y cohesionada.
Una Europa que margina a sus pueblos no solo comete un error estratégico: traiciona su propia promesa de unidad en la diversidad. Porque sin el medio rural, no hay futuro europeo posible.
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