Sin pueblos no hay futuro: la urgencia de un pacto de Estado por el medio rural

 

El medio rural español vive una crisis estructural que amenaza su supervivencia y la cohesión de todo el país. Durante décadas, el abandono institucional y las políticas de expulsión al medio urbano han provocado envejecimiento poblacional, fuga constante de jóvenes y mujeres, escasez de oportunidades laborales, cierre de servicios públicos, falta de vivienda asequible y aislamiento digital. No son problemas aislados: son síntomas de un modelo de país que ha ignorado a quienes sostienen el territorio. El diagnóstico es claro; lo que hace falta son soluciones firmes, sostenibles y basadas en la justicia social.

Por eso es urgente un pacto de Estado por el medio rural, un compromiso duradero que sitúe a los pueblos en el centro de la política y que vaya más allá de legislaturas y colores políticos. Este pacto debe garantizar que los recursos y las políticas se distribuyan de manera equitativa, corrigiendo décadas de desigualdad territorial y asegurando que la ciudadanía tenga acceso a servicios, oportunidades y derechos básicos, sin importar donde vive.

Actualmente, la gobernanza multinivel en el medio rural español ha sido escasa y fragmentada, lo que ha debilitado la eficacia de las políticas y profundizado las desigualdades territoriales. Los ayuntamientos del medio rural carecen de recursos suficientes y autonomía real para abordar los problemas locales, las diputaciones actúan de manera paternalista y controladora, las comunidades autónomas aplican políticas sin una verdadera y eficaz coordinación interconsejerías y el Gobierno central ha mostrado inestabilidad en la financiación. Además, los fondos europeos no siempre se gestionan de manera coordinada con las necesidades locales.

Para que la gobernanza funcione, es imprescindible establecer mecanismos claros de coordinación entre todos los niveles: ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, Gobierno central y Unión Europea. Esto incluye la creación de planes plurianuales vinculantes, sistemas de seguimiento participativo con representación local y europea, y protocolos que garanticen transparencia y que los recursos lleguen a los pueblos sin depender del color político de quien gobierne. También deben implementarse mesas de diálogo territorial permanentes, donde la ciudadanía y los Grupos de Acción Local tengan voz efectiva en la planificación, evaluación y control de las políticas rurales. Solo así será posible construir una gobernanza coherente, estable y verdaderamente democrática, capaz de dar respuestas coordinadas a las décadas de abandono y desigualdad.

Un elemento clave que debe incorporarse al pacto de Estado es el “rural proofing”, una herramienta que garantiza que todas las políticas públicas sean evaluadas previamente por su impacto en el medio rural. Esto implica que leyes, presupuestos y programas de cualquier ámbito —desde educación y sanidad hasta transporte y transición energética— consideren cómo afectarán a los pueblos antes de ser aprobados. Integrar el rural proofing en la planificación y seguimiento del pacto permite evitar decisiones que aumenten la desigualdad territorial, asegura que los recursos lleguen de manera justa y refuerza la coherencia de las políticas, independientemente del nivel de gobierno o del color político de quien las implemente.

En este camino, resulta imprescindible reivindicar el papel que han tenido los Grupos de Acción Local (GAL), que durante más de 30 años, aplicando la metodología LEADER, han sido un ejemplo de participación ciudadana y de desarrollo de abajo arriba (enfoque bottom-up). Han apoyado miles de proyectos que han diversificado la economía, generado empleo, recuperado patrimonio, impulsado el turismo, reforzado el tejido social y comunitario,… LEADER ha demostrado que cuando se da voz a la comunidad y se gestiona desde el territorio, los resultados son transformadores. Sin embargo, para garantizar su continuidad y ampliar su impacto, es necesario que tanto las comunidades autónomas como el Gobierno de España blinden e incluso incrementen la financiación a los GAL de cara al próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Si de verdad queremos que el medio rural sea un espacio con futuro, no basta con reconocer la importancia de los GAL: hace falta dotarlos de los recursos y del protagonismo político que merecen, para que la gestión de las políticas rurales sea realmente inclusiva y democrática.

La agricultura y la ganadería son pilares estratégicos del medio rural. Más que sectores económicos, son garantes de soberanía alimentaria, custodios del territorio y motores de cultura y cohesión social. El pacto debe incluir políticas que aseguren precios justos, apoyen el relevo generacional, fomenten prácticas sostenibles y combatan la precariedad. La innovación tecnológica es bienvenida, pero no puede imponerse a costa de eliminar empleos tradicionales o desarraigar a quienes trabajan la tierra. Garantizar un futuro digno para los/as profesionales de la agricultura y ganadería es también garantizar un derecho básico de toda la sociedad: el acceso a alimentos de calidad.

La vivienda es otro frente crítico. El acceso a una vivienda digna no puede depender de la capacidad económica individual ni del mercado privado. Se requieren planes integrales de rehabilitación, vivienda pública asequible y apoyo a cooperativas de autoconstrucción, garantizando que cualquier persona pueda establecerse en un pueblo sin ser expulsada por precios inaccesibles.

La conectividad digital y la movilidad también son derechos fundamentales. Sin cobertura de internet y telefonía móvil, no hay emprendimiento, educación a distancia ni teletrabajo posibles. Los modelos de transporte público deben ser flexibles, sostenibles y pensados para conectar pueblos, comarcas y ciudades, evitando que la falta de movilidad siga siendo un factor de despoblación.

El medio rural debe ser protagonista de la transición energética, pero de forma justa y equitativa. Durante décadas, los pueblos han suministrado alimentos, agua y recursos para sostener la vida de las ciudades, sin recibir compensaciones adecuadas. Hoy, las grandes empresas energéticas continúan esta dinámica de extracción: instalan macroplantas solares o parques eólicos en territorios rurales, obteniendo enormes beneficios mientras las comunidades apenas perciben empleo, servicios o mejoras en infraestructura. Su actuación, muchas veces opaca y orientada exclusivamente al lucro, convierte a los pueblos en “territorios de sacrificio”, explotando recursos locales sin respeto por la sostenibilidad social ni ambiental. La transición energética debe garantizar beneficios reales y directos para los territorios, mediante creación de empleo local, reinversión en servicios públicos, mantenimiento y cuidado de los ecosistemas y fomento de comunidades energéticas autogestionadas.

La igualdad de género y la inclusión social deben ser ejes de cualquier política rural. Sin empleo digno y oportunidades reales para jóvenes y mujeres, ningún plan de repoblación funcionará. Se necesitan incentivos al emprendimiento, formación profesional adaptada a las oportunidades y potencialidades territoriales, apoyo a cooperativas, digitalización de oficios tradicionales y políticas de conciliación y corresponsabilidad. La igualdad no es un añadido: es la condición para que los pueblos sobrevivan.

El envejecimiento de la población es uno de los desafíos más urgentes. Los pueblos necesitan un sistema público de cuidados accesible y sostenible, con servicios de proximidad que combinen atención sanitaria, teleasistencia y redes de apoyo comunitario. La inversión en residencias rurales, centros de día y programas de acompañamiento domiciliario no solo mejora la calidad de vida de las personas mayores, sino que genera empleo local y fortalece la cohesión social. Garantizar cuidados dignos y accesibles es un imperativo de justicia social y de equilibrio territorial.

La población migrante desempeña un papel clave en la sostenibilidad del medio rural. Su presencia contribuye a mantener servicios, generar empleo, impulsar emprendimiento y dinamizar comunidades que, de otro modo, se despoblarían. Sin embargo, es necesario que los procesos de acogida e integración mejoren, tanto desde la administración como desde la población autóctona. Solo promoviendo una convivencia basada en el respeto, participación activa y oportunidades iguales se aprovechará plenamente el potencial de quienes llegan, fortaleciendo el tejido social y económico de los pueblos.

La gestión forestal y la prevención de incendios deben concebirse como políticas de desarrollo rural. Brigadas forestales estables, fomento de la ganadería extensiva y aprovechamiento de biomasa no solo reducen riesgos, sino que generan economía, empleo y mantienen vivo el territorio.

Un pacto de Estado por el medio rural debe ser también un pacto por la justicia social. Significa garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, reducir desigualdades territoriales, asegurar servicios públicos de calidad y promover políticas de redistribución que reviertan siglos de concentración de oportunidades en las grandes urbes. Se trata de construir un país más equilibrado, donde vivir en un pueblo no implique renunciar a derechos fundamentales.

Los pueblos han demostrado resiliencia, creatividad e innovación con recursos limitados. Han cuidado de sus tierras, sostenido la alimentación y mantenido viva la cultura. Hoy ya estamos en tiempo de descuento: cada año que pasa sin respuestas contundentes aumenta la desigualdad territorial y acelera el abandono de quienes viven en el medio rural.

Es el momento de reivindicar políticas valientes, estables y justas, que garanticen empleo digno, servicios públicos de calidad, vivienda asequible, cuidados para personas mayores y participación real en la toma de decisiones. De asegurar que jóvenes, mujeres y población migrante encuentren oportunidades y que la sostenibilidad, la cultura y el patrimonio sean pilares del desarrollo rural. Actuar ahora significa apostar por un país equilibrado, donde vivir en un pueblo sea un derecho y no un privilegio. Porque sin pueblos, no hay futuro.